Un grupo de personas con discapacidad, que aseguran solo representarse a sí mismas, instan a los candidatos que concurren a las elecciones municipales y a las Juntas Generales del País Vasco, a cumplir y hacer cumplir leyes que garanticen su plena ciudadanía.
Aproximadamente unos 80.000 extremeños se establecieron en el País Vasco debido a la emigración forzosa de los años 50, 60 y 70 del siglo pasado, que llevó a cerca de 550.000 personas de la región a salir de sus pueblos y asentarse en otras zonas de España como la Comunidad de Madrid, Cataluña y, principalmente, el País Vasco. Es en la provincia de Álava donde se establecieron la mayor parte de los emigrantes extremeños a su llegada al territorio vasco a partir de 1940, constituyéndose el municipio cacereño de Brozas como el primer y principal impulsor de este movimiento migratorio.
Estas colonias de extremeños que han ido integrándose progresivamente en la región vasca han protagonizado un papel decisivo en la política del País Vasco durante todos estos años. Por ello, todas estas personas gozan ahora de una doble identidad que les convierte en ciudadanos de pleno derecho en ambas comunidades autónomas.
De entre todos los emigrantes extremeños, algunos de ellos y sus descendientes son personas con discapacidad que están exigiendo en el País Vasco leyes que garanticen su plena ciudadanía. En un documento elaborado colectivamente denuncian las dificultades que les impone el entorno para desarrollar sus proyectos vitales con motivo de su discapacidad, y subrayan el incumplimiento de la amplia legislación vigente para la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Además, expresan sentirse ciudadanos de segunda, denunciando las continuas violaciones de derechos que abarcan todos los ámbitos de la vida ciudadana, incumpliendo las instituciones la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU. Por otro lado, se exponen 16 situaciones cotidianas a las que deben hacer frente, sin que ningún responsable público rinda cuentas por ello: la falta de apoyos en educación; la falta de accesibilidad o de comunicación en los centros de salud y el abandono de las personas con discapacidad en la atención sanitaria; los problemas para acceder a la Ley de dependencia; el maltrato normalizado y persistente en residencias; la invisibilización de la violencia machista en el colectivo; el transporte público poco adaptado; los entornos incompresibles para personas con discapacidad sensorial o intelectual; y la falta de acceso al mercado laboral.
Asimismo, demandan que los gestores políticos rindan cuentas por todas estas injusticias y abogan a que los cargos públicos electos se pongan al servicio de la diversidad de todos sin excepción. Recuerdan, que las personas con discapacidad son también ciudadanos y votan al igual que el resto.
La presentación del documento, por parte del colectivo, tendrá lugar el 24 de mayo a las 11.00 horas en la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria.