La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) exige igualdad de condiciones laborales para las personas sordas en toda España: “Queremos acceder al empleo en función de nuestras capacidades y decisiones personales y que no se nos encasille ni se nos juzgue sin conocernos”. “Exigimos un mercado de trabajo en el que los derechos de todas y todos valgan lo mismo”.
En concreto, se reclama que se hagan efectivos los derechos en materia laboral que se contemplan en el Real Decreto 674/2023 por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 27/2007, con el fin de que las personas sordas disfruten de las mismas oportunidades que el resto.
Se destaca el derecho a acceder a los servicios públicos de empleo garantizando siempre la disponibilidad de servicios de interpretación, video interpretación, guía interpretación y mediación comunicativa en lengua de signos en las oficinas de atención al público. También se reclama el derecho de las personas sordas a poder participar en condiciones de plena accesibilidad en cualquier proceso formativo ofrecido por el SEPE y por las empresas, y el apoyo a la actividad profesional contando con garantías de igualdad de trato y no discriminación.
Asimismo, se llama a la adaptación de los puestos de trabajo garantizando la comunicación y el acceso a la información a través de la lengua de signos y de aquellos medios técnicos que se precisen: “Con arreglo a las normas de la Unión Europea, las empresas deben ofrecer ajustes razonables a las personas con discapacidad de manera que se les permita solicitar un puesto de trabajo, realizar una formación, o desempeñar sus funciones y prosperar”.
En esta misma línea, se pide que las medidas de prevención de riesgos laborales “no limiten la ocupación de puestos de trabajo ocupados por personas sordas”, y que se modifique el Reglamento General de Conductores para que “se incluya la accesibilidad en lengua de signos en las pruebas de obtención de los permisos para conducir camiones y furgones”.
La entidad reivindica que se ponga a disposición de los opositores sordos las herramientas necesarias para poder desarrollar las pruebas selectivas “sin que para ello se requiera un informe médico preceptivo”, y que “se bareme el conocimiento de la lengua de signos española y la catalana en el acceso al empleo público de este colectivo y en la provisión de puestos de trabajo con tareas de atención directa al público”.
Por último, se insiste en que se reconozca, regule y promocione el perfil profesional de los especialistas en lengua de signos y se mejoren sus condiciones laborales: “Esta profesión constituye un importante yacimiento de empleo para la población sorda y, como tal, se debe proteger e incentivar”.