El Consejo de Ministros ha autorizado la distribución de 432,8 millones de euros entre las comunidades autónomas de régimen común y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla procedentes de la asignación tributaria del 0,7% del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades. De esa cuantía, Extremadura recibirá 12 millones de euros para financiar programas de interés social.
La propuesta, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, supone un incremento del 15% respecto a la cantidad repartida el año anterior. Quedan fuera de este sistema de distribución País Vasco y Navarra, que cuentan con un régimen foral propio.
El reparto se calcula a partir de 13 indicadores objetivos. Entre ellos figuran la población, la tasa Arope de riesgo de pobreza o exclusión social, la renta por habitante, la dispersión territorial, el número de familias monoparentales y los índices de envejecimiento y discapacidad. También se reservan sendas asignaciones fijas para La Rioja (1,02%), Ceuta (0,80%) y Melilla (0,81%).
La distribución deberá ser validada por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Tras ese acuerdo, será la Junta de Extremadura la encargada de publicar su convocatoria y gestionar las ayudas en el ámbito regional.
Podrán optar a estas subvenciones las entidades y asociaciones del Tercer Sector de acción social que cumplan las condiciones que se establezcan en la convocatoria autonómica. Los recursos se dirigirán a iniciativas de atención directa para personas en situación de pobreza, exclusión social o especial vulnerabilidad.
La última convocatoria con datos consolidados, correspondiente a 2024, permitió financiar más de 10.000 proyectos en toda España. Las actuaciones beneficiaron, entre otros grupos, a personas con discapacidad, población gitana, mayores, infancia y familias.
El modelo de reparto parte del acuerdo aprobado en 2021 por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Establece dos vías de financiación: el 20% de la recaudación se destina al tramo estatal y el 80% se transfiere a las comunidades autónomas de régimen común para que articulen sus propias líneas de subvenciones.
Aunque aquel acuerdo tenía una vigencia inicial de cinco años y expiró el pasado junio ha sido prorrogado durante dos años y medio, hasta el 31 de diciembre de 2028. La ampliación contempla, además, la ejecución de los programas financiados durante 2029.