El inicio del curso escolar vuelve a situar a miles de familias ante gastos difíciles de asumir. Matrícula, material, transporte, comedor, ropa o actividades complementarias se suman a una economía ya ajustada y pueden ampliar la brecha entre los alumnos, con consecuencias directas en el aprendizaje, el rendimiento y la continuidad de los estudios.
En España, alrededor de 2,23 millones de niños y adolescentes se encuentran en riesgo de pobreza monetaria, lo que supone el 28,4% del total y la tasa más elevada de la Unión Europea, según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística de 2025. En Extremadura, la proporción asciende al 32,2%, lo que equivale a unos 52.000 menores.
La presidenta de Unicef Comité Extremadura, Teresa Chamorro, ha advertido de que el comienzo del curso representa “un esfuerzo para las familias, principalmente para aquellas que ya cuentan con dificultades para llegar a fin de mes y que deben afrontar los gastos adicionales que implica empezar un nuevo curso”.
“Todas las familias deberían contar con el apoyo necesario para garantizar la igualdad de oportunidades de los niños y las niñas y que sus posibilidades de desarrollo pleno no se vean mermadas por motivos económicos”, ha añadido.
Unicef España subraya que una educación de calidad, por sí sola, no basta para garantizar la igualdad de oportunidades. La protección económica debe mantenerse durante todo el año y requiere la implicación coordinada de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales.
El informe ‘El beneficio de hacer: el impacto de políticas concretas para revertir la pobreza infantil en España’ plantea que una prestación universal por crianza podría reducir de forma significativa la pobreza infantil. En el conjunto del país, una ayuda progresiva de 100 euros mensuales por cada niño rebajaría la tasa en 3,6 puntos porcentuales, con lo que más de 270.000 menores dejarían de estar en esta situación.
En Extremadura, Unicef estima que una prestación de esas características permitiría reducir la pobreza infantil en 5,1 puntos. Esto supondría un descenso del 15,8% en el número de menores afectados y que más de 8.200 niños salieran de la pobreza monetaria.
La organización también defiende que las comunidades autónomas incorporen un enfoque específico de infancia en sus prestaciones y ayudas. Estas medidas deben ser accesibles, estables y adaptadas a las distintas realidades familiares, además de ofrecer un respaldo efectivo a la crianza.
Entre las propuestas figura la mejora de las rentas mínimas o de ciudadanía para reforzar la protección de los hogares con menores en situación de vulnerabilidad. Para ello, se plantea ampliar su cobertura e importe, tener en cuenta a todas las personas de la unidad familiar, hacerlas compatibles con otros ingresos y ayudas, y facilitar la conciliación de quienes participan en programas de formación o inserción laboral vinculados a estas prestaciones.
La coordinación entre administraciones resulta igualmente decisiva. En este sentido, Unicef propone avanzar hacia una ventanilla única social, con protocolos compartidos de valoración y mecanismos automáticos que conecten las rentas mínimas o el Ingreso Mínimo Vital con becas de comedor, ayudas para material escolar, transporte y actividades educativas complementarias.
“Las dificultades económicas afectan al aprendizaje, al rendimiento académico y la continuidad de los estudios”, ha afirmado Teresa Chamorro. En su opinión, a largo plazo estas desigualdades limitan el acceso al empleo y a mejores oportunidades laborales, con un impacto que no solo recae en cada persona afectada, sino en el conjunto de la sociedad.