El Cermi Extremadura se suma al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi Estatal) para reclamar la adopción “rápida” de una tarjeta europea de discapacidad, con el fin de construir una “Europa Social” que defienda y preserve los derechos, la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad y sus familias.
De esta forma lo puso de manifiesto el presidente de Cermi Extremadura, Pedro Calderón Rodríguez, en la celebración del Día Internacional de la Discapacidad, que tuvo lugar el 1 de diciembre en Mérida. A su vez, con motivo de esta fecha, personas con diversidad funcional de las entidades miembros del Cermi realizaron la lectura del manifiesto ‘Unión Europea, movilidad inclusiva y garantía de derechos para las personas con discapacidad’.
En este sentido, desde el movimiento Cermi denuncian que, como parte de la “Europa Social”, existe la libre circulación, pero que dicha libertad no llega actualmente a todo el mundo, añadiendo que las personas con discapacidad y sus familias solo pueden disfrutar de este derecho si existe el pleno reconocimiento de la condición de discapacidad en todos los países miembros de la Unión Europea.
Por este motivo, el movimiento Cermi en el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, ha presentando un manifiesto con 14 demandas clave relacionadas con la Tarjeta Europea de Discapacidad. En este llamado, destacan la urgencia de aprobar la tarjeta antes de las elecciones de 2024, el pleno reconocimiento de la discapacidad en la UE, y la garantía de libre circulación sin obstáculo. Además, el movimiento aboga por la accesibilidad universal, estatuto preferente para mujeres y niñas con discapacidad víctimas de violencia, y una participación activa de las instituciones europeas en campañas educativas y de toma de conciencia.
De la misma forma, se ha recordado en este manifiesto que la agenda política de la discapacidad tiene aún dos cuestiones esenciales en espera. Por un lado, la modificación del artículo 49 de la Constitución Española y, por otro lado, la elevación del 0,7 % al 1 % de la asignación tributaria de los Impuestos de la Renta y de Sociedades, para atraer más recursos que permitan fortalecer la sostenibilidad de las partes más frágiles de la comunidad.