La Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, aprobada por el Congreso de los Diputados, incluye varias normas que afectan a las personas con discapacidad, modificaciones introducidas en la iniciativa legislativa en su paso por el Senado.
La ley se estructura en seis títulos, dedicados respectivamente a la política de empleo, los servicios públicos y privados de empleo, las políticas activas de empleo la cartera de servicios y los servicios garantizados y compromisos de las personas y entidades demandantes de empleo, la financiación y la evaluación de la política de empleo.
Por una parte, se refuerzan las exigencias para que en los servicios de empleo haya personal formado para atender a personas con discapacidad, y que las herramientas digitales de formación para personas demandantes de trabajo sean accesibles.
Además, se restaura la asimilación legal a efectos laborales entre las situaciones de incapacidad permanente de Seguridad Social y clases pasivas y el grado mínimo de discapacidad del 33%. La supresión de dicha norma en 2018, por una sentencia del Tribunal Supremo, había repercutido de forma negativa en la generación de empleo para trabajadores con discapacidad sobrevenida.
Otro avance es la consideración legal expresa que se da a las personas con trastornos del espectro autista como grupo de especiales dificultades de inserción laboral.