Con motivo del Día Internacional de las Lenguas de Signos, que este año se celebra bajo el lema ‘No hay derechos humanos sin el derecho a la lengua de signos’, la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) ha reiterado la necesidad de que este colectivo pueda acceder a la información y a los servicios públicos en su propia lengua.
En este sentido, la entidad ha hecho hincapié en que el cumplimiento de este derecho no es opcional, sino una obligación derivada de la legislación vigente y de tratados internacionales ratificados por España.
El recordatorio se apoya en el documento de posicionamiento de la Federación Mundial de Personas Sordas (WFD), que defiende el derecho de las personas sordas a elegir cómo comunicarse conforme a sus necesidades y preferencias. Por tanto, la Confederación pide a las administraciones que garanticen el empleo y disfrute de la lengua de signos mediante políticas eficaces, recursos sostenibles y una mayor implicación de la propia comunidad sorda en la planificación de las medidas.
El presidente de la entidad, Roberto Suárez, ha subrayado la incoherencia entre el respaldo normativo y la realidad cotidiana. A pesar de leyes como la 27/2007, que reconoce las lenguas de signos españolas, o la 15/2022, que asegura la igualdad de trato y la no discriminación, así como de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, miles de personas sordas siguen viviendo una brecha entre derechos reconocidos y derechos efectivos. Según ha denunciado, el número limitado de intérpretes acreditados, la ausencia de una regulación profesional definida y la escasez de medios destinados a la accesibilidad mantienen a este colectivo en situaciones de desigualdad.
Por otra parte, Roberto Suárez ha ejemplificado esta deficiencia con situaciones tan habituales como la imposibilidad de comunicarse en un hospital por falta de intérpretes o la carencia de enseñanza en lengua de signos para niños sordos durante parte de su etapa escolar. “Eso no puede considerarse inclusión, sino discriminación”, afirma, reclamando pasar de los discursos a las soluciones concretas. A su juicio, la clave está en que las instituciones planifiquen de forma anticipada, con presupuestos específicos y estables para la interpretación, la videointerpretación o la mediación comunicativa, evitando que la accesibilidad dependa de iniciativas puntuales.
La Federación Mundial de Personas Sordas estima que existen más de 300 lenguas de signos en el mundo, en proporción similar a las lenguas orales. Sin embargo, únicamente en 80 países tienen algún tipo de reconocimiento legal, a menudo insuficiente. Esta carencia no solo limita la diversidad lingüística apoyada por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sino que también restringe el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas sordas.
Las reivindicaciones apuntan hacia un futuro en el que la lengua de signos esté plenamente garantizada, sin importar el país de origen. “No puede hablarse de igualdad ni de derechos humanos cuando se niega la posibilidad de usar nuestra propia lengua para aprender, trabajar o vivir con dignidad”, se recalca.
La Confederación Estatal de Personas Sordas, fundada en 1936, es la entidad de referencia en España para la defensa de los derechos de las personas sordas y sus familias. Está integrada por 17 federaciones autonómicas, que agrupan a más de 120 asociaciones locales y provinciales, y ofrece servicios a todo el colectivo, con independencia de su afiliación, además de desarrollar una intensa labor de incidencia política para lograr la plena ciudadanía del colectivo.