Adaptar un baño, ensanchar las puertas o instalar una rampa en casa no es un capricho estético para aumentar el valor de un inmueble, sino una necesidad vital para millones de personas con discapacidad en España. Sin embargo, la legislación actual no lo entiende así, por lo que la confederación Impulsa Igualdad urge al Ministerio de Vivienda a acometer una reforma normativa para evitar que las ayudas públicas destinadas a la accesibilidad se conviertan en una trampa económica para las familias.
De hecho, la falta de un reconocimiento específico provoca que estas ayudas para eliminar barreras arquitectónicas tengan la misma consideración fiscal que los programas generales de rehabilitación o eficiencia energética, lo cual ocasiona que sean consideradas en la Declaración de la Renta como mejoras voluntarias de la vivienda.
Concretamente, se reclama una reforma del Plan Estatal de Vivienda incorporando una categoría específica para las ayudas de accesibilidad que estén directamente vinculadas a la discapacidad y a la promoción de la autonomía personal; además, la Ley del IRPF debería contemplar la exención fiscal total de estas ayudas cuando se destinen a adaptar la vivienda habitual de una persona con discapacidad; de esta manera se reconocería su carácter finalista, entendiendo que son un vehículo para garantizar la accesibilidad universal y la igualdad de oportunidades, y no un ingreso extra que deba someterse a tributación.
Impulsa Igualdad considera que “la accesibilidad no es un lujo ni una mejora opcional, es una condición imprescindible para que miles de personas puedan vivir con autonomía en su propio hogar”. “Quien solicita una ayuda lo hace porque no puede asumir ese coste por sí misma, y convertir ese apoyo en una carga fiscal es injusto y contradictorio con las políticas de igualdad de oportunidades”, se añade.