La Confederación Impulsa Igualdad ha denunciado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible por inacción en su obligación de vigilar el cumplimiento del Real Decreto 1544/2007, que establece que al menos el 5% de la flota de taxis debe ser accesible para personas con discapacidad.
Desde diciembre de 2017, fecha en la que venció el plazo para que los ayuntamientos adecuaran su flota, numerosos municipios siguen sin alcanzar este porcentaje mínimo, vulnerando los derechos de las personas con discapacidad a la movilidad y a la igualdad de oportunidades.
Según datos del Observatorio de la Accesibilidad, en 2017 el 63% de los municipios españoles de más de 50.000 habitantes incumplían esta normativa. Y actualmente, las ciudades de Madrid y Barcelona, entre otras, continúan sin alcanzar el mínimo exigido, generando una barrera de accesibilidad que afecta gravemente a las personas con discapacidad.
El presidente de la entidad, Francisco José Sardón, ha incidido en que “la falta de taxis accesibles limita la autonomía personal de muchas personas, dificultando su acceso a servicios esenciales como el empleo, la educación o la sanidad, por lo que la falta de vigilancia del Ministerio estaría vulnerando derechos fundamentales”.
La denuncia solicita al Ministerio que tome medidas urgentes para garantizar que los ayuntamientos cumplan con la normativa vigente, incluyendo la supervisión de su aplicación y la imposición de sanciones en caso de incumplimiento. Asimismo, se insta a coordinar las acciones de las administraciones autonómicas y locales para lograr una aplicación efectiva y homogénea en todo el territorio nacional.
Aunque la competencia sobre el servicio de taxis recae en los ayuntamientos, el Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana tiene la responsabilidad de promover directrices, marcos normativos y mecanismos de financiación que garanticen el cumplimiento de la normativa estatal y europea en materia de accesibilidad.
Impulsa Igualdad trabaja en la mejora de la calidad de vida de más de dos millones de personas con discapacidad física y orgánica reivindicando y defendiendo sus derechos, y promocionando la igualdad de oportunidades a través de iniciativas innovadoras y de programas de asistencia personal, accesibilidad universal, turismo inclusivo o empleo, entre otros.