La Junta de Gobierno Local de Mérida ha aprobado la adjudicación del nuevo contrato del Servicio de Intérprete de Lengua de Signos, cuyo plazo de vigencia será de tres años con la posibilidad de prorrogarse dos años más.
Con este acuerdo, el consistorio tiene como objetivo garantizar la participación plena de las personas sordas y sordociegas en los actos municipales, apostando por un modelo de servicio más amplio y flexible.
Según ha explicado la delegada de Accesibilidad Universal e Inclusión del consistorio, Susana Fajardo, la prestación se llevará a cabo en tres modalidades distintas:
- Presencial, con especial atención a los eventos socioculturales organizados por el Ayuntamiento, así como los actos en los que participen personas sordociegas, quienes contarán con este recurso adaptado a sus necesidades
- Telemática, diseñada específicamente para asegurar el acceso a la interpretación en las sesiones plenarias
- Sistema de video interpretación, que permitirá a las personas sordas realizar trámites individuales con la administración local a través de una plataforma habilitada por la empresa adjudicataria, con garantías de confidencialidad y seguridad en todos los procesos
Susana Fajardo también ha destacado que el Ayuntamiento seguirá incrementando la disponibilidad de intérpretes no solo en las actividades programadas, sino también bajo petición, con el objetivo de eliminar barreras y asegurar la inclusión en la vida pública. Además, ha subrayado que esta medida supone un avance en el cumplimiento de los compromisos internacionales establecidos en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, consolidando el derecho de acceso a la información y a la participación en igualdad de condiciones.
A nivel nacional, según una estimación de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), alrededor de un millón de personas presentan algún grado de pérdida auditiva, de los cuales miles dependen de la lengua de signos como herramienta principal de comunicación. Este tipo de contratos municipales no solo responden a una necesidad local, sino que también reflejan las recomendaciones del movimiento asociativo para que las instituciones públicas incorporen de manera sistemática servicios de interpretación, garantizando a los ciudadanos el ejercicio efectivo de sus derechos.