La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) conmemora que se cumplen 18 años de la promulgación de la Ley 27/2007, que fue pionera al reconocer por primera vez la lengua de signos española y la lengua de signos catalana, garantizando así el derecho de las personas sordas a comunicarse sin barreras y a participar en igualdad de condiciones.
Esta ley surgió tras décadas de reclamaciones del movimiento asociativo, y representó un avance significativo en el reconocimiento de los derechos lingüísticos y culturales de la comunidad sorda. En este sentido, en opinión del presidente de la Confederación, Roberto Suárez, aquel 23 de octubre de 2007 cambió para siempre la historia de la comunidad al reconocer el Estado la lengua de signos como patrimonio común y el derecho fundamental a comunicarse en su propia lengua.
Desde entonces se ha fortalecido el marco legal para la población sorda en España, aunque su plena aplicación ha requerido regulaciones específicas, como el Real Decreto 674/2023. Este decreto desarrolló la ley y estableció condiciones para garantizar el uso y disfrute de las lenguas de signos en todo el Estado, marcando un paso importante para su promoción y protección.
Sin embargo, a pesar de los avances, la aplicación efectiva y homogénea de la ley sigue siendo un desafío, especialmente por la desigualdad territorial. La distribución de servicios y recursos varía entre comunidades autónomas, generando desigualdades en el acceso a la comunicación y a servicios públicos. Además, la financiación estable es insuficiente, ya que muchos programas dependen de subvenciones temporales que afectan su continuidad y eficacia.
Otro gran obstáculo es la escasez de intérpretes, causada tanto por la falta de profesionales cualificados como por la inexistencia de planes formativos oficiales que aseguren su preparación. Esto limita el acceso a la interpretación en ámbitos esenciales. También persisten dificultades en el sistema educativo, donde no se garantiza aún una educación bilingüe de calidad en todas las etapas y donde la presencia de profesorado sordo signante es insuficiente. Por último, la falta de coordinación entre las administraciones estatales, autonómicas y locales retrasa la implementación de políticas transversales y dificulta que los derechos reconocidos por la ley se cumplan plenamente.
En este sentido, la Confederación solicita a las administraciones que refuercen los recursos, aseguren la financiación estable, impulsen la formación de intérpretes y garanticen la accesibilidad comunicativa en todos los ámbitos. El objetivo sigue siendo el mismo que hace 18 años: que todas las personas sordas puedan comunicarse, decidir y vivir con libertad, para lo cual es imprescindible contar con voluntad política, recursos constantes y un compromiso institucional firme.