El portal LeySign, accesible en lengua de signos y promovido por la Confederación Estatal de Personas Sordas, reafirma su dedicación al envejecimiento digno y al empoderamiento jurídico de las personas sordas mayores al agregar secciones y materiales nuevos sobre teleasistencia accesible y el pleno ejercicio de la capacidad jurídica en igualdad de condiciones.
Esta nueva herramienta fue presentada en una sesión online conducida por Fátima López, del consejo consultivo de personas mayores sordas de la Confederación, en la que también intervino la asesora jurídica de la entidad, Marta Muñoz.
LeySign, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y por Fundación ONCE, tiene como objetivo ayudar al conocimiento, la autodefensa y el empoderamiento de las personas sordas al dar a conocer derechos, a usarlos con autonomía, a reclamar apoyos legales y a potenciar su participación social.
Entre sus principales contenidos se encuentra la teleasistencia, un servicio público prioritario que exige accesibilidad universal y atención personalizada. Para personas sordas mayores, esto requiere avisos visuales, vibración, mensajería de texto o videollamadas en lengua de signos para asegurar seguridad, acompañamiento y permanencia autónoma en el hogar; en este sentido, proyectos previos como ‘Telpes’, desarrollado por la Confederación en 2009, ya exploraron sistemas similares con luces, vibraciones y videointerpretación para superar las barreras de la teleasistencia tradicional.
Por otra parte, también incluye información sobre capacidad jurídica, herencias y trámites notariales bajo la Ley 8/2021, que acabó con las incapacitaciones automáticas y reconoce el derecho de todas las personas a decidir sobre su vida y sus bienes con los apoyos necesarios. Así, se detalla cómo otorgar testamento, aceptar o rechazar herencias y firmar ante notario sin sustitución de voluntad, usando intérpretes de lengua de signos, lectura fácil u otros ajustes.
La Confederación Estatal de Personas Sordas es una organización sin ánimo de lucro que defiende los intereses de las personas sordas y con discapacidad auditiva y de sus familias en España. Desde su creación, en 1936, ha desarrollado una labor de reivindicación e incidencia política para lograr la plena ciudadanía de las personas sordas, así como del desarrollo de programas de atención y prestación de servicios a través de sus federaciones. Está integrada por 18 federaciones de personas sordas, que a su vez tienen afiliadas a más de 100 asociaciones provinciales y locales de toda España; en todo caso, atiende cualquier necesidad relacionada con el colectivo de personas sordas, estén o no afiliadas a su movimiento asociativo.