Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Confederación Estatal de Personas Sordas hace un llamamiento para garantizar justicia, protección y recursos accesibles para las mujeres sordas frente a la violencia de género.
Estas mujeres no solo se enfrentan a agresiones físicas, sexuales y psicológicas, sino también a formas de violencia lingüística y cultural invisibles para la sociedad. Así, a través de un manifiesto signado por mujeres sordas, se recuerda que, según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior de 2024, en España se denuncia una violación cada dos horas y 55 agresiones sexuales al día. Si bien, apenas el 11% de estas agresiones se denuncian, un porcentaje aún más bajo en el caso de las mujeres sordas, ya que a menudo no encuentran herramientas accesibles para solicitar ayuda.
Ante esta realidad se reclaman medidas que permitan erradicar la violencia de género y garanticen el acceso en lengua de signos de estas mujeres a campañas de sensibilización, protocolos de actuación y recursos especializados.
Por otra parte, las violencias lingüísticas y culturales, entre las que incluyen el menosprecio por el uso de la lengua de signos, carecen de reconocimiento y análisis, por lo que se exigen estudios específicos y estadísticas que visibilicen estas agresiones que sufren muchas mujeres sordas, además de soluciones efectivas.
Otro problema crítico señalado por la organización es la falta de accesibilidad en los procedimientos de denuncia, atención sanitaria, apoyo psicológico y acogida de víctimas, ya que hay mujeres sordas que no pueden denunciar porque en la comisaría no encuentran intérpretes o porque no se les garantiza el uso de la lengua de signos en los juzgados, lo cual perpetúa la violencia y la impunidad.
Por tanto, se reclama que los servicios diseñados específicamente para mujeres sordas, como el servicio de video interpretación en lengua de signos presente en el 016 SVIsual, o la plataforma ALBA, sean reforzados y se garanticen de forma permanente. A su vez, se considera indispensable incorporar intérpretes y profesionales sordas en todas las fases del proceso de salida de la violencia, desde la denuncia hasta el juicio.
Por último, se hace un llamamiento para incluir la lengua de signos en los programas de formación y reinserción de las personas agresoras sordas, y se exige la puesta en marcha de políticas públicas que erradiquen la violencia de género en todas sus formas.