La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) cumple en 2026 nueve décadas de trayectoria, consolidada como la entidad estatal más antigua del ámbito de la discapacidad y como referente en accesibilidad, innovación y defensa de derechos para más de 1,2 millones de personas sordas y con discapacidad auditiva en España. Desde 1936, su trabajo ha estado marcado por una ‘historia de primeras veces’, abriendo caminos donde no existían servicios ni respuestas específicas para este colectivo y sus familias.
Acceder a la educación, entender una consulta médica, trabajar, participar en la vida pública o disfrutar de la cultura son aspectos cotidianos que, para muchas personas sordas, solo se vuelven reales cuando existen servicios accesibles que los respaldan. En España, más de 1.200.000 personas sordas siguen encontrando barreras en ámbitos clave como la educación, el empleo, la sanidad, la comunicación o la información, lo que convierte la accesibilidad en la frontera que separa tener derechos de poder ejercerlos. Así lo subraya el presidente de la entidad, Roberto Suárez, que insiste en que la falta de accesibilidad mantiene una desigualdad estructural que no puede aplazarse más.
La Confederación describe esa desigualdad como una realidad que atraviesa toda la biografía de muchas personas sordas y que exige respuestas urgentes. En el ámbito educativo, numerosos estudiantes sordos no alcanzan niveles formativos equiparables al resto por la ausencia de recursos adecuados, de intérpretes de lengua de signos y de modelos docentes eficaces como los especialistas en lengua de signos. Estas carencias empujan a mayores tasas de desempleo y precariedad, no por falta de capacidad, sino por entornos que no están preparados para incluir y que, con frecuencia, desconocen las competencias reales de las personas sordas.
En empresas y en la Administración el desconocimiento sobre las capacidades de las personas sordas y la ausencia de ajustes razonables siguen siendo barreras persistentes. En este sentido, Roberto Suárez recuerda que ser una persona sorda no debería implicar más obstáculos ni exigir un esfuerzo añadido para alcanzar las mismas metas. Para la entidad, la accesibilidad no es un añadido opcional, sino la condición imprescindible para que la igualdad sea efectiva en la práctica diaria.
A lo largo de estos 90 años, la Confederación ha optado por una doble vía: la incidencia social y política, y la creación de servicios pioneros allí donde no existían; todo ello desde la experiencia y las necesidades reales de las personas sordas, evitando hablar por ellas y procurando que sean ellas quienes puedan decidir y liderar su propio futuro. Esa filosofía ha situado a la entidad como referente social, técnico y político en materia de accesibilidad y ha contribuido a que muchos avances, que comenzaron como proyectos aislados, hoy formen parte del catálogo de derechos reconocidos.
Entre esos servicios, uno de los hitos más destacados es SVIsual, el primer sistema de videointerpretación en lengua de signos española a nivel estatal. Este servicio permite que personas sordas o con discapacidad auditiva puedan comunicarse con personas oyentes a través de intérpretes en tiempo real, tanto para gestionar trámites como para relacionarse con la administración o con empresas, lo que ha marcado un antes y un después en su acceso a la información y a la comunicación. Financiado y apoyado desde distintas instituciones, SVIsual se ha integrado en servicios públicos de varias comunidades autónomas y se ha convertido en un ejemplo de cómo la tecnología puede derribar barreras comunicativas.
La organización también ha impulsado ‘ALBA’, la primera plataforma especializada en apoyar a mujeres sordas víctimas de violencia, que ofrece información accesible, acompañamiento y formación a entidades públicas y privadas sobre la realidad específica de estas mujeres, cuya vulnerabilidad se agrava por la falta de accesibilidad y por la invisibilización de su situación.
Otra iniciativa clave es el servicio de videoasistencia y acompañamiento VidAsor, diseñado para garantizar a las personas mayores sordas un envejecimiento autónomo, digno y sin aislamiento. Este servicio facilita la comunicación cotidiana, el contacto con recursos sociosanitarios y el seguimiento de su bienestar, evitando que la falta de accesibilidad derive en soledad no deseada. La experiencia acumulada demuestra que la combinación de tecnología y lengua de signos promueve la independencia de las personas sordas mayores y refuerza su participación en la comunidad.
En el ámbito educativo y cultural se ha impulsado la Red Estatal de Enseñanza de las Lenguas de Signos Españolas, una estructura que ofrece formación rigurosa impartida por personas sordas nativas y reconocida en toda España. Esta red no solo garantiza que la lengua de signos se transmita con calidad y perspectiva comunitaria, sino que refuerza el reconocimiento de las personas sordas como minoría lingüística y cultural, con un patrimonio propio que enriquece a la sociedad en su conjunto.
En cuanto al empleo se ha puesto en marcha la Red Emplea, que conecta el talento de las personas con discapacidad auditiva y las empresas para fomentar un mercado laboral sin barreras. Este proyecto trabaja tanto con las personas sordas, ofreciendo orientación y apoyo, como con las empresas, promoviendo ajustes razonables y sensibilización sobre las capacidades de este colectivo.
Cada uno de estos avances empezó con una ‘primera vez’, como recuerda Roberto Suárez. Lo que inicialmente eran experiencias piloto se han convertido en dispositivos estables que abren oportunidades reales de igualdad para miles de personas sordas y se integran en lo que se entiende como derechos consolidados.
Mirando al futuro la Confederación reclama más presencia de la lengua de signos en todos los ámbitos, desde la educación hasta los medios de comunicación, los servicios públicos y la vida cultural. También exige que las personas sordas participen en los espacios de decisión y que las políticas públicas que afectan a su comunidad se codiseñen con ellas, incorporando su experiencia y sus prioridades. La entidad considera que seguir legislando y planificando sin esa participación equivale a perpetuar soluciones incompletas o ineficaces.
Tras 90 años de trabajo, la organización insiste en que la inclusión no es solo una cuestión de justicia, sino también una forma inteligente de gestionar mejor los recursos y llegar más lejos como sociedad. Tal y como subraya Roberto Suárez, apostar por la accesibilidad y la igualdad de oportunidades es una oportunidad que beneficia a todas las personas, con y sin discapacidad.