La Confederación Estatal de Personas Sordas ha dado a conocer los hallazgos de una investigación sistemática destinada a examinar con detalle las distintas formas de violencia que padecen las mujeres sordas en España, a través de un webinario moderado por las especialistas en Igualdad de género Alba Prado y Cristina López.
Esta investigación representa un trabajo pionero al adentrarse de manera profunda en dimensiones hasta ahora poco documentadas de la violencia dirigida contra estas personas. La Confederación realizó este análisis con respaldo en su dilatada estructura asociativa y apoyándose en la trayectoria del Servicio Alba, una iniciativa que lleva funcionando desde 2018 concentrándose especialmente en ofrecer atención a mujeres sordas que atraviesan situaciones de violencia.
Durante años, la organización ha venido alertando sobre la persistencia de obstáculos de carácter estructural que imposibilitan que las mujeres sordas tengan la posibilidad de solicitar asistencia, integrarse plenamente en la vida de sus comunidades o acceder bajo condiciones de igualdad a servicios que resultan imprescindibles.
El trabajo de investigación, que ha contado con financiación de la Secretaría de Estado de Igualdad, profundiza por primera vez de forma exhaustiva en estas manifestaciones de violencia que hasta el momento permanecían en gran medida sin reconocimiento adecuado. Según explicó Alba Prado en su intervención, el estudio examina distintos aspectos: las formas que cada mujer sorda elige para comunicarse, las circunstancias que caracterizan su vida personal y su experiencia laboral, así como las situaciones de violencia según género que han vivido y los actos violentos perpetrados desde estructuras institucionales.
De los resultados obtenidos se extrae una conclusión fundamental: la violencia ejercida a través del lenguaje y los patrones culturales debe recibir reconocimiento como una categoría propia en la tipología de violencia de género, teniendo en consideración que genera consecuencias tangibles en términos de dignidad humana, capacidad de decidir de forma autónoma y equilibrio emocional de las mujeres sordas. De hecho, el 40,3% de las mujeres sordas participantes en la consulta manifiesta haber experimentado violencia dirigida contra su forma de comunicarse en el contexto de sus relaciones románticas. Adicionalmente, el 43,5% relata haber sufrido comportamientos que resultan ofensivos hacia su condición y su identidad como persona sorda, incluyendo casos donde se les ha impedido ejecutar sus movimientos comunicativos mediante el forzado inmovilización de sus manos. Y el 27,4% declara haber experimentado restricciones en su participación en encuentros comunitarios debido a la voluntad de sus parejas.
Los resultados ofrecen un panorama igualmente alarmante en lo que atañe a violencia producida desde el funcionamiento de las instituciones. Las cifras documentan que un 58% de las encuestadas ha interrumpido trámites vinculados a sanidad, instrucción o gestión administrativa al encontrarse con obstáculos de naturaleza comunicativa. Simultáneamente, el 73% relata experiencias donde las instituciones pusieron en tela de juicio su capacidad de discernimiento fundamentándose en la manera particular en que se comunican. Por otra parte, el 66% denuncia que cuando se enfrentaron a circunstancias que demandaban rapidez en la atención se toparon con limitaciones para contar con profesionales con dominio de la lengua de signos en el momento en que los necesitaban. En este sentido, Alba Prado ha enfatizado que cuando los organismos públicos no garantizan que la comunicación sea accesible a todas las personas, terminan colaborando en perpetuar dinámicas violentas.
Las dimensiones de la violencia en los procesos judiciales resultan particularmente inquietantes. Entre aquellas mujeres que interpusieron denuncias formales por agresiones o tocamientos no consentidos, el 43,4% expone que en ninguna ocasión del procedimiento contó con un intérprete ni con una persona que mediara entre ella y las autoridades. El 35,5% se encontró en la circunstancia de tener que compartir esos servicios con quien las había agredido, lo que supone una vulneración adicional de sus derechos durante un momento particularmente delicado. Además, el 32,2% manifiesta no haber sentido que el personal que atendió su caso lograra realmente comprenderla. Para Cristina López todos estos relatos son indicativos de deficiencias profundas: los sistemas actuales, desde los cuerpos que intervienen en la seguridad pública hasta los órganos judiciales, pasando por organizaciones de naturaleza social y sanitaria, carecen de ajustes estructurales que permitan responder a lo que demandan estas mujeres en términos de comunicación.
El webinario puso en relieve que combatir la violencia vinculada al lenguaje y la cultura requiere que los distintos actores asuman responsabilidades, que se trabaje en conjunto y que estos esfuerzos sean mantenidos indefinidamente. En este marco, tanto Alba Prado como Cristina López subrayaron que se precisa establecer y fortalecer sistemas de apoyo pensados específicamente para mujeres sordas que han padecido violencia, así como implementar acciones desde el sector público que salvaguarden a estas mujeres, les faciliten acceder a procesos de justicia y les garanticen una atención adecuada cada vez que recurren a servicios que consideramos básicos.
El evento terminó con un pronunciamiento donde todos los participantes convergieron en la necesidad de que los gobiernos, en sus distintos niveles, actúen para conseguir que profesionales que dominen la lengua de signos y mediadoras con especialización en este terreno estén presentes de manera garantizada en todas las fases de los procesos de atención y en los trámites de denuncia. Igualmente, se demanda que desaparezcan los criterios discriminatorios que cuestionan si las mujeres sordas poseen capacidad simplemente por recurrir a una lengua que es minoritaria, y que se diseñen y ejecuten políticas que reconozcan, visibilicen y resuelvan apropiadamente este tipo de violencia que sigue permaneciendo mayormente ignorada. Tal como se enfatizó, los avances hacia espacios donde estas mujeres puedan existir sin temor y sin sufrir ningún tipo de violencia, donde encuentren puertas abiertas y recursos disponibles, únicamente serán posibles cuando las diferentes administraciones coordinen sus iniciativas y mantengan su compromiso a lo largo del tiempo.
La Confederación Estatal de Personas Sordas defiende y promueve los intereses de las personas sordas y con discapacidad auditiva, incluidas sus familias, en toda España. Desde su constitución en 1936 ha desempeñado funciones de incidencia política y defensa de derechos tendentes a alcanzar que las personas sordas logren una posición de ciudadanía sin restricciones, además de poner en marcha y ejecutar iniciativas de asistencia y prestación de servicios mediante sus federaciones territoriales. En la actualidad, integran la CNSE 17 federaciones que agrupan más de cien asociaciones de carácter local y territorial distribuidas por toda España. Sin embargo, la Confederación atiende toda demanda vinculada con necesidades de personas sordas, independientemente de que mantengan afiliación con sus estructuras organizativas.