Fundación Caja Badajoz ha puesto en marcha el procedimiento para donar 16 edificios, valorados en 30 millones de euros, a diversas asociaciones sin ánimo de lucro dedicadas a la atención de personas con discapacidad en Extremadura. La medida afecta a inmuebles que hasta ahora se encontraban en régimen de cesión de uso y tiene como objetivo garantizar la continuidad de proyectos sociales esenciales, reforzar la autonomía de las entidades beneficiarias y asegurar que estos espacios sigan vinculados a fines sociales.
En concreto, se trata de edificios que están siendo gestionados por el Centro de Alzhéimer Almendralejo, Plena inclusión Azuaga, Apnaba, Plena inclusión Badajoz, Aspace Badajoz, el Centro de Alzhéimer Badajoz, Cocemfe Badajoz, el Hogar de Nazaret de Badajoz, Plena inclusión Cabeza del Buey, Adiser Horizontes Castuera, Plena inclusión Llerena, Plena inclusión Mérida, Plena inclusión Montijo, Adisanvi San Vicente de Alcántara, Plena inclusión Villafranca de los Barros y
Plena inclusión Villanueva de la Serena.
Han asistido al acto en el que se ha comunicado esta decisión los representantes de las entidades involucradas; el presidente de Fundación Caja Badajoz, Francisco Lamoneda; el director general de la entidad, Iván Manzano; y el secretario general de Presupuestos y Financiación de la Junta de Extremadura, Luis Alfonso Hernández.
En su intervención, Francisco Lamoneda explicó que la decisión supone culminar una labor iniciada por la antigua Obra Social de Caja Badajoz, que durante décadas impulsó la construcción de edificios destinados a colectivos vulnerables, y subrayó que el objetivo es reconocer el trabajo de las asociaciones y de las familias que sostienen estos servicios. “Esto es una responsabilidad y una tarea absolutamente de todos”, recalcó.
Además, defendió que los verdaderos protagonistas son las entidades que trabajan diariamente con las personas con discapacidad. En este sentido, señaló que los centros han sido durante años “la casa y el lugar de esperanza” para muchas familias. Finalmente, indicó que la donación permitirá a las asociaciones contar con mayor seguridad jurídica y capacidad de gestión sobre los espacios en los que desarrollan su actividad.
Por su parte, Luis Alfonso Hernández destacó que la Administración autonómica ha actuado como protectorado de la Fundación para garantizar que la operación se ajuste a la legalidad y a los fines fundacionales; en este sentido, explicó que la Junta de Extremadura debía comprobar que la transmisión de los inmuebles no perjudicaba la viabilidad de Fundación Caja Badajoz ni debilitaba su misión social.
Igualmente, defendió que la operación mantiene intacto el destino social de los edificios. “Se autoriza la transmisión de los inmuebles a las entidades sociales. Se garantiza su uso exclusivamente social, ligado a los fines fundacionales”, afirmó. También explicó que la resolución incorpora garantías jurídicas para impedir que los inmuebles puedan destinarse a otros usos o venderse libremente. Así, los edificios deberán seguir dedicados de forma permanente a fines sociales y, en caso de transmisión futura, se aplicarán cláusulas registrales y condiciones que obligan a mantener su función original. “Nadie puede desviar estos recursos de su función social y nadie puede hacer ningún uso que no sea por el que se crea”, concluyó.
Finalmente, Iván Manzano detalló que el proceso será progresivo y no se realizará de manera inmediata para todas las entidades. Según explicó, el procedimiento se iniciará con una solicitud formal de cada asociación a la Fundación y continuará con la tramitación documental necesaria para elevar las donaciones a escritura pública; se dará prioridad a los edificios cuyas cesiones de uso están más próximas a vencer, siendo un procedimiento paulatino, y precisó que las primeras entidades con las que comenzará el proceso serán Aspaceba, Apnaba y Cocemfe, al tratarse de centros con vencimientos más cercanos.
Se estima que el proceso completo se extenderá durante varios ejercicios, ya que algunos convenios vencen en los próximos años y otros cuentan todavía con plazos más amplios. En cualquier caso, Iván Manzano insistió en que la donación no altera la actividad que las asociaciones desarrollan en los centros, sino que reforzará su estabilidad patrimonial y su capacidad para planificar proyectos a largo plazo.
La medida permitirá a las asociaciones beneficiarias acceder con mayor facilidad a financiación, acometer mejoras en las instalaciones y consolidar su patrimonio. Además, esta decisión supondrá un beneficio directo para las personas usuarias y sus familias, al garantizar la continuidad de servicios vinculados a la inclusión, la atención social y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad.